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4. Escenario político
i) Trasfondo: los años de Fujimori
Tras la crisis pronunciada tanto económica como social del último lustro de los años ochenta, las elecciones presidenciales de 1990 condujeron a la confrontación entre Mario Vargas Llosa por la alianza electoral FREDEMO y Alberto Fujimori como exponente de la agrupación Cambio 90. Vargas Llosa obtuvo el porcentaje más elevado de votos, pero sin alcanzar la necesaria mayoría absoluta. En la segunda vuelta, atrayendo votos de izquierda y del APRA, Fujimori se alza con el 57 % del sufragio válido. Accede a la Presidencia el 28 de julio de 1990.
Marca los primeros años del periodo de Fujimori (1994-1997) el éxito de un programa de estabilización con reformas orientadas hacia el mercado y atracción de inversiones exteriores. La presencia constante y creciente del terrorismo armado (Sendero Luminoso y MRTA) fue controlándose gradualmente por la coordinación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas (FFAA) de modo cada vez más inclinado al puro autoritarismo y al manejo solapado de las claves políticas y los resortes militares mediante la red tejida por el asesor de seguridad de la Presidencia, Vladimiro
Montesinos.
Cambios constitucionales acompañaron el viraje hacia el autoritarismo. En 1992 se reúne una asamblea constituyente que propone un texto reforzando los poderes presidenciales, reduciendo el legislativo a una cámara única de 120 miembros solamente e introduciendo la posibilidad de la renovación del mandato de cinco años para la Presidencia de la República. La nueva Constitución se aprobó por la asamblea en septiembre de 1993, refrendándose plebiscitariamente a continuación con un ajustado y discutido 52,2 % de los votos válidos.
La alteración constitucional, que venía a su vez flanqueada por legislación y otras medidas de emergencia, se comprende dentro de lo que se conoce como el "autogolpe" de Fujimori. Todo ello prepara el camino para unas elecciones presidenciales y parlamentarias en 1995 bien orquestadas para asegurarse el continuismo. Hasta el conflicto fronterizo con Ecuador hacia principios de dicho año puede haber sido intencionalmente provocado para conseguir respaldos variados y transversales entre partidos a favor del gobierno fujimorista. De hecho, Fujimori venció a su oponente más estrecho, Javier Pérez de Cuéllar, con un 64 % de votos válidos para la Presidencia y un 67,53 % de mayoría de curules en el Congreso.
ii) La situación en el 2000
Bajo el peso de un declive económico y con la erosión también del apoyo popular del régimen entrándose en el año 1997, el gobierno fujimorista apretó las clavijas mediante la manipulación ahora especialmente de la administración de justicia para la preparación de una segunda renovación o tercer periodo del mandato presidencial en las elecciones del 2000. En febrero de 1998 el Congreso produce el cese de tres magistrados críticos del Tribunal Constitucional (TC) para garantizarse la docilidad de esta alta instancia. En septiembre del mismo año, consigue derrotarse la propuesta de la oposición para un referéndum contra la reelección inconstitucional de Fujimori. Su gobierno intentó salir al paso de una protesta popular creciente con el incremento del gasto social a medida que las elecciones del 2000 se acercaban. Venalizándose definitivamente así los comicios, el ascendiente del Presidente creció y con ello la cosecha de votos, pero sin lograr el mantenimiento de una mayoría
absoluta.
A partir del periodo previo a la campaña y durante la misma, se multiplicaron quejas y formalizaron recursos contra toda una serie de graves irregularidades. Organizaciones civiles nacionales, como Transparencia, y entidades de observación internacionales acusaron la situación. El principal contendiente de Fujimori, Alejandro Toledo, se retiró de las elecciones antes de la segunda vuelta. Se celebraron el 28 de mayo pese a arreciar las protestas de organizaciones civiles internas y también de diversos países, incluida la Unión Europea. La misma estuvo entre quienes decidieron no estar presentes en dicha segunda vuelta. Con la ausencia de oposición seria en la fase última del proceso electoral, Fujimori volvió a
ganar.
Mediante la iniciativa de la Defensoría del Pueblo (DP), se recurrió a la OEA, que tampoco aceptó el resultado electoral, para el planteamiento de una salida democrática entre oposición y gobierno con la participación de asociaciones civiles. Una misión de alto nivel de la misma, la Organización de Estados Americanos, promovió la instalación y coordinación de un foro de convergencia, la Mesa de Diálogo y Concertación Para el Fortalecimiento de la Democracia en el Perú. Se inauguró el 25 de agosto del 2000 con una agenda de veintinueve áreas temáticas y el propósito de presentar conclusiones para antes del 30 de marzo del 2001. La idea primera de proponerlas ulteriormente a referéndum popular fue abandonada. Incluso con anterioridad a la celebración de las reuniones, la presión pública ya movió a
novedades.
Casi simultáneamente, se produjeron un par de sonados acontecimientos. Por una parte, el Presidente Fujimori hubo de reconocer la existencia de una red de tráfico de armas a través de medios oficiales del Perú entre Jordania y la guerrilla de las FARC en Colombia. Por otra, el primer video de una nutrida colección grabada en las mismísimas oficinas de Montesinos se hizo sorpresivamente público testimoniando sus maniobras de sobornos y presiones con implicación además de personajes de primera plana. Así comienza la decisiva saga de los "vladivideos" desencadenando toda una secuencia de sucesos que quiebran la espina dorsal del régimen y desequilibran al país
entero.
Nuevos acontecimientos se precipitan. Consecutivamente, entre el 23 de septiembre y el 21 de noviembre del 2000, se producen la huida precipitada de Montesinos hacia un refugio entonces ignoto; el anuncio presidencial de una reducción drástica del propio mandato junto a la convocatoria de elecciones generales para el año inmediato, el 2001; la desbandada del Servicio de Inteligencia Nacional; el viaje de Fujimori al Sudeste de Asia con el destino final del asilo en Japón; la acusación constitucional contra el mismo y su deposición formal por el
Congreso.
Valentín Paniagua, Presidente a esas alturas del Congreso por determinación de la oposición, fue a continuación elegido como Presidente de la República a efectos de conducir la transición ya imparable. Se mantuvo el calendario electoral conforme había sido fijado por el anterior gobierno para el 8 de abril del año entrante, el 2001. No se adoptó la propuesta de extensión del periodo de transición a un espacio de dos años. Paniagua reunió un gobierno en funciones con asunción de responsabilidades plenas hasta la entrega del poder a la Presidencia y al Congreso resultantes de las nuevas elecciones en las fechas constitucionales de finales de julio y tampoco antes. El nuevo gabinete combina técnicos solventes, políticos experimentados y figuras notables incluyendo, como Presidente del Gobierno y Canciller, al anterior Secretario General de Naciones Unidas y candidato fallido frente a las malas artes de Fujimori, Javier Pérez de Cuéllar.
El objetivo primordial del gobierno provisorio es el de la organización de las elecciones ya convocadas de modo ahora libre y justo en el marco de un nuevo escenario por virtud de reformas imprescindibles y del mantenimiento de una estabilidad económica. A pesar de la composición del Congreso resultante de las elecciones del 2000, con un fuerte fracción de Cambio 90 aun operativa, el ejecutivo ha conseguido recuperar la independencia de la administración electoral mediante una profunda renovación de efectivos. Llega a sustituirse hasta un 78 % del personal de la ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La libertad de expresión y el acceso a los medios se restablecen y
garantizan.
Los pasos se cuidan y miden por parte del gobierno en orden al logro de las nuevas elecciones. En este contexto se comprende el reemplazo, en abril del 2001, del cuerpo entero de los 194 subprefectos que encabezan las provincias. Otra prueba del cuidadoso procedimiento como han ido sustituyéndose exponentes del anterior régimen la constituye el descabezamiento de la cúspide militar o también de altos cargos judiciales igualmente contaminados de fujimorismo. De lo más significativo ha sido que las FFAA, en una declaración de lealtad a las nuevas autoridades, hicieran confesión de culpa rogando perdón públicamente por su estrecha y probada connivencia con el régimen de
Fujimori.
Para el encuadramiento pertinente de estas elecciones, ha de considerarse también el cambio pronunciado que se ha producido respecto a derechos humanos desde la defección de Fujimori. El gobierno de la transición ha asumido sin dubitaciones una postura nítida de reconocimiento y respeto de las libertades fundamentales, viniendo con ello a reubicar justamente en su ámbito el mismo planteamiento y desarrollo de las elecciones ya convocadas. Esto ante todo ha supuesto que el Perú resueltamente se reintegre al reconocimiento y aceptación de las jurisdicciones internacionales de derechos humanos, tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las mismas que venían mostrándose muy críticas con el régimen anterior.
En el orden interno, ha podido realmente apreciarse el compromiso efectivo con los derechos humanos. Esto ha conocido la manifestación de mayor alcance de la institución de una Comisión de la Verdad respecto a las violaciones y atropellos de dichos derechos por parte tanto de terrorismo como de contrainsurgencia durante las últimas dos décadas, no sólo así para el gobierno fujimorista. Se crea por decreto presidencial el 22 de mayo con un mandato de dieciocho meses a partir de su efectiva asunción tras la toma de posesión de los nuevos Congreso y Gobierno a finales de
julio.
Internamente, una institución procedente de la Constitución de 1993 ya venía significándose en dicha dirección y particularmente respecto a elecciones desde el año 2000. Nos referimos a la DP, la Defensoría del Pueblo. Privada de poderes ejecutivos, pero granjeándose autoridad moral, su actividad cobra especial importancia de cara a todo tipo de instituciones públicas y entidades oficiales. A través de sus nueve dependencias regionales y desde su sede limeña, la DP recibe y encauza quejas por abusos e incumplimientos de los poderes e instituciones del Estado. Como también ejerce una supervisión en el campo electoral por defensa de libertades públicas y del derecho en particular a la participación política, su labor tiene especial reflejo en este informe.
Los intentos del TC, el Tribunal Constitucional, de dicho mismo signo en último término de derechos humanos, que fueron en cambio cercenados por el régimen fujimorista, han podido recuperarse y desarrollarse ahora, como también podrá constatarse en algún momento de este mismo informe.
iii) Posición de la Unión Europea
La Unión Europea ha estado cuidadosamente atenta a la situación del Perú durante estos últimos años. Particularmente ha respaldado la iniciativa referida de la Mesa de Diálogo coordinada por la OEA. Desde el anuncio de las nuevas elecciones para el 2001, la UE, reconociendo la oportunidad que se abría, ha dado pruebas de satisfacción y apoyo, como puede especialmente ilustrarse por las declaraciones consecutivas del 20 de septiembre y del mismo día de noviembre del 2000.
Reiteradamente la UE manifestó su pleno acuerdo con los esfuerzos de la OEA para imprimir impulso democrático al Perú. Es igualmente la posición neta y explícita del Parlamento Europeo con su declaración del 6 de octubre emplazando a la Comisión para la programación del apoyo a la nueva fase del proceso de democratización en el Perú, así como también para la coordinación entre los Estados miembros al propósito.
La UE ha dado la bienvenida a los acontecimientos que han permitido la salida de Fujimori con respeto además a mecanismos previstos por la Constitución. Ha saludado igualmente la madurez política demostrada por la ciudadanía peruana. El Presidente Prodi respondió positivamente a la invitación formal del gobierno peruano para una misión europea de observación de estas Elecciones Generales del 2001.
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