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8. Periodo preelectoral (1ª y 2ª vueltas)
i) Instituciones electorales
Cuando la MOE-UE se hizo presente en el Perú ya se había desarrollado una fase importante de la organización electoral para estos comicios, la de selección entre la ciudadanía de miembros de los JEEs y de los componentes de MsS, sobre lo cual hemos recibido información crítica que no pudimos contrastar y respecto a cuya práctica concreta no logramos mucha ilustración de parte de las mismas instituciones electorales. Las referencias críticas recibidas se referían fundamentalmente a la falta de transparencia de dicha selección y a la dificultad de interponer tachas o recursos frente a nombramientos por requerirse fianza monetaria y, en algunos lugares, por la presión de autoridades no renovadas. Hay zonas donde se nos ha transmitido de parte ciudadana el temor a represalias como motivo de disuasión en la presentación de
tachas.
Tanto el JNE como la ONPE han renovado en una medida muy apreciable el personal de todos los rangos y particularmente de los superiores. La renovación ha impreso un activismo notable en ambas instituciones y superiormente en la ONPE. El JNE se hace cargo de una fiscalización sistemática que no venía antes ejerciendo y en la ONPE se produce resistencia al rendimiento continuo de cuentas que esto implica. Comienza incluso poniéndose en duda que al JNE le corresponda alguna fiscalización que no sea la jurisdiccional a posteriori y por instancia de parte. Es un conflicto que se fue resolviendo a lo largo del mes de marzo mediante acuerdos reservados que permitieron dicha fiscalización simultánea y sistemática.
La ONPE en cambio, al contrario que el JNE, se ha mostrado abierta a la supervisión electoral por parte de la DP, celebrando un convenio para que en las propias ODPEs pudieran existir oficinas de una específica de Defensoría del Elector, como así ha sido. En lo que coincidieron JNE y ONPE fue en ser tan hospitalarios como opacos ante las observaciones electorales o al menos ante la europea que se mostraba desde un inicio como especialmente inquisitiva. Hemos encontrado tanta amabilidad como opacidad en las instituciones
electorales.
La ONPE se encontró con el gran problema de una verdadera estafa informática. Antes de llegar la MOE-UE, ya también se había producido la selección de hard y software para este proceso electoral a favor de una empresa que resultó incompetente al segundo efecto. El programa no era adecuado para unas elecciones y esta cuestión secundaria, por instrumental, se convirtió en el asunto principal antes de las elecciones parlamentarias y primera vuelta de las
presidenciales.
La ONPE, con el respaldo de la OEA y de otras agencias internacionales en forma no sólo financiera y consultiva, sino también directamente técnica (Naciones Unidas, IFES, CAPEL), intentó mantener e imponer discreción respecto al susodicho problema pretendiendo éxito en el ensayo de las elecciones o simulacro que es obligatorio legalmente. La MOE-UE decidió cuestionarlo en sus declaraciones públicas con el cuidado preciso para no crear alarmismo. Creemos que contribuimos a la tranquilidad porque entre los personeros de los partidos ya había cundido realmente la alarma y nuestra intervención sirvió a la postre para calmar ánimos. Encontrándose con estos avatares, el equipo directivo habría apreciado la incorporación al mismo de un asesor en informática. Nuestros pronunciamientos identificaron el problema, pero no pudieron entrar más a fondo en sus causas.
La fiscalización del JNE no jugó ningún papel relevante en el asunto aunque la institución estuviera naturalmente al tanto. Tras una serie de adaptaciones y ajustes contra reloj, el día de las elecciones por fin funcionó el sistema informático para ser a continuación desahuciado por parte de la misma ONPE. Su plana mayor se ha mostrado luego recelosa con la observación europea por no contribuir a la disimulación de un problema que podría haber empañado su buen desempeño en otros órdenes y, en definitiva, arruinado las mismas elecciones. La ONPE se ha mostrado muy capaz y eficiente en todos los otros preparativos de las jornadas
electorales.
Entre primera y segunda vuelta, prendió de nuevo el conflicto larvado entre JNE y ONPE. El primero se demoraba admitiendo impugnaciones no previstas en la legislación electoral, con lo que además impedía al segundo que pudiera hacer efectiva su decisión de sustituir el programa informático. Los servidores habían de seguir ocupados por el ya desahuciado para poderse procesar los datos resultantes de las resoluciones finales de recursos pendientes. Hubo también un peloteo de documentación entre JEEs y ODPEs porque, entre juristas de los unos y técnicos de las otras, literalmente no entendían los respectivos
lenguajes.
Antes de la definitiva vuelta presidencial otro problema ciertamente serio entre JNE y ONPE fue el del acopio rápido de actas (ACRA), ideado por la segunda como especie de conteo rápido. Consiste en el envío del ejemplar correspondiente de las actas de votación a las ODPEs desde un buen conjunto de mesas más accesibles sin esperar a que se cumplimenten el resto de las mismas actas, hasta seis institucionales y además las de los partidos. En la jornada electoral para el Congreso y de primera vuelta presidencial, fue un éxito informativo y un fracaso procedimental, pues con esto se multiplicaron errores en las otras actas que también se tienen por originales y se dispararon como consecuencia las impugnaciones. En las mismas vísperas de la segunda vuelta el JNE prohibió la repetición de esa práctica. El mismísimo día anterior se negoció discretamente entre ambas instituciones para que el JNE mantuviera la prohibición y la ONPE efectuara la operación, la del acopio rápido.
El desempeño del RENIEC es fundamentalmente previo al proceso electoral, así como el de JNE, postrero. De una y otra cosa, en particular del registro ciudadano y de la jurisdicción electoral, se trata en otros apartados. También ya nos hemos ocupado de la supervisión electoral por parte de la DP.
ii) Registro de partidos y candidaturas
La reforma electoral de 1997 introdujo modificaciones, como la de un nuevo límite temporal para la inscripción de organizaciones políticas y candidaturas electorales, que son las vigentes para estas elecciones del 2001. En primer lugar se redujo el tiempo para la misma convocatoria de un plazo de 240 días antes de la jornada electoral a otro comprendido entre 150 y 120. El límite para la inscripción de formaciones políticas y de candidaturas presidenciales pasó de 180 días a 90; para la de listas al Congreso, de 90 a 60. Estas novedades de una parte permiten mayor libertad de organización de candidaturas; de otra, propenden a concentrar y acortar el proceso electoral.
En tal contexto, se reforzaron los requerimientos para la inscripción de organizaciones políticas. Ha de documentarse la adhesión de un 4 % del electorado como mínimo. De no alcanzarse luego un apoyo del 5 % al menos de los votos en las elecciones, el registro se cancela. Esto segundo, aun con menores efectos, cuenta con cierta práctica entre otros Estados, mientras que lo primero parece a todas luces excesivo para el mismo caso peruano, aunque sólo fuera por la dificultad de verificación de un número tan crecido de firmas de adhesión. Además, en las actuales elecciones parlamentarias por distrito múltiple hay formaciones políticas que han conseguido curules sin haber alcanzado el cinco por ciento de la votación general, con lo que en teoría habría de cancelarse su existencia. Es un dilema que habrá de resolverse por la vía más recomendable de rebajarse los requisitos de inscripción.
Con tales condicionamientos legales, ocho listas de partido se acreditaron para estas elecciones presidenciales. La mayoría son organizaciones o alianzas recientemente gestadas sin mucha vinculación constitutiva con la estructura tradicional de partidos en declive. Así se presentan cuatro formaciones
mayores:
- Perú Posible (candidato: Alejandro Toledo Manrique), partido situado en una órbita de centro-izquierda, pero con un programa de gobierno centrado en la economía de mercado, apuntalado en parte por la adhesión de sectores del viejo partido de derecha liberal Acción Popular. Principales focos programáticos: fomento de empleo; inversión exterior en agricultura; turismo; minería; proyectos de construcción pública de
viviendas.
- Partido Aprista Peruano - APRA (candidato: Alan García Pérez), el partido más tradicional en el actual espectro político, de izquierda social-demócrata, que formara gobierno en el periodo 1985-1990. Puntos programáticos fundamentales: renegociación de la deuda externa; crédito agrario nacionalizado; control de precios del transporte público; política
regionalizadora.
- Unidad Nacional (candidata: Ma Lourdes Flores Nano), formación liberal situada en el centro-derecha, integrando sectores del Partido Social Cristiano tradicional. Trío mayor de áreas programáticas: desarrollo agrario mediante concentración en productos especializados para exportación; implantación de zonas de libre comercio para desarrollo industrial; mejora de infraestructuras, todo ello o la mayoría con fomento de la inversión exterior.
- Frente Independiente Moralizador (candidato: Fernando Olivera Vega), grupo de inspiración liberal y orientación al libre mercado. Aboga por reducción de impuestos y de derechos de importación a fin de fomentar economía agraria de exportación; por la reducción de la deuda, y por un crecimiento sostenido del 7 %
anual.
Las cuatro formaciones menores son:
- Solución Popular (candidato: Carlos Boloña Behr), orientada hacia la inversión exterior y la economía de mercado guardando estrechos lazos con el sector industrial.
- Proyecto País (candidato: Marco Arrunátegui), agrupación reciente que reúne sectores e intereses de pequeña industria y transporte público.
- Renacimiento Andino (candidato: Ciro Gálvez Herrera), grupo también reciente de fuerte impronta regional y con prioridades en el sector agro-industrial, pesca y minería.
- Todos por la Victoria (candidato: Ricardo Noriega Salaverry); otro grupo reciente con planes programáticos similares a Solución Popular.
Además de estas formaciones que se presentan a las elecciones presidenciales y también a las parlamentarias, otras cinco listas se suman para el Congreso ya con carácter nacional, ya sólo en algunas regiones: Cambio 90 - Nueva Mayoría; Movimiento Somos Perú; Unión por el Perú - Socialismo Democrático; Partido Acción Popular, y Frente Popular Agrícola. Resultan así en total trece las formaciones políticas que se presentan a las elecciones al Congreso. En su momento nos referiremos a los resultados.
iii) Educación electoral
Durante la estancia de la MOE-UE en el país con su llegada algo tardía a este efecto, los observadores de campaña pudieron confirmar que la educación cívica y electoral ha corrido a cargo de ONPE, de JNE, DP, la organización civil Transparencia y, en menor medida, PROMUDEH y una iglesia, la católica. Las actividades de las primeras se enfocaron principalmente a la formación de los miembros de MsS y a educación de las comunidades rurales. Ante la primera vuelta intentaron trabajar previendo los problemas que crearía la propia naturaleza de la votación, con el doble voto a la Presidencia y al Congreso, éste último todavía más complicado en esta ocasión por la instauración del distrito múltiple electoral con voto
preferencial.
Con vistas a la segunda vuelta, la ONPE realizó una autoevaluación de la competencia y nivel de formación de su personal para diseñar una nueva metodología de capacitación. Sin embargo, siguieron sin producirse materiales didácticos en materia más estrictamente electoral en otras lenguas aparte del castellano para los votantes de las regiones quechua, aymara y otras indígenas, con la presencia e incluso pujanza de dichos idiomas especialmente en sectores
rurales.
Anecdóticamente, cara a la segunda vuelta el material de educación cívica fue modificado omitiéndose las referencias al voto en blanco para las zonas rurales, a diferencia de lo ocurrido con el material dedicado a la población urbana, donde sí se
mencionaba.
Podría decirse que el mayor ejercicio de capacitación cívica y para el ejercicio del voto en estas elecciones, o al menos aquel donde más fondos se han invertido, ha sido el desarrollado por la misma ONPE, cuyas prioridades iban dirigidas a la formación, por este orden, de sus cuadros, de los representantes de los partidos políticos y, sólo finalmente, de la ciudadanía.
iv) Los media y las elecciones
Acceso a los medios y campaña en los medios
El Perú presenta un panorama variado de medios electrónicos e impresos. Además de los tres de propiedad del Estado, una cadena de televisión, una estación de radio y un periódico, existe un elevado número de medios de titularidad privada, con un amplio radio de perspectivas políticas y sociales, de los que puede recibir información contrastable la ciudadanía. La campaña en los medios se desarrolló en términos generalmente satisfactorios. En estos términos más generales, puede afirmarse que los medios ofrecieron acceso equitativo y cobertura equilibrada al conjunto de las candidaturas.
En tales términos generales, el comportamiento de los medios se diferenció bastante del que caracterizó la campaña anterior, la del 2000. La primera parte de la del 2001 estuvo casi por completo dominada por el asunto de las grabaciones conocidas como "vladivideos", las películas protagonizadas por el factótum de Fujimori, Vladimiro Montesinos, con el argumento repetitivo del soborno de figuras significativas del régimen anterior. Las cintas se han ido haciendo públicas a cuentagotas de forma que fue elevando la tensión y despertando temores a veces desmesurados entre la clase política y la opinión pública.
Por otra parte, los periódicos y las emisoras televisivas y radiales principales y más respetados han cubierto de un modo bastante equilibrado los programas y actividades de la generalidad de las candidaturas, bien que concentrando la atención entre las cuatro con mayores expectativas. La parte programática ha sido la de cobertura más desigual. La estrategia comunicativa de algunos medios, pero también las ofertas informativas de algunas candidaturas, condujo por lo general al resultado de noticias con un escaso contenido de carácter político e interés electoral.
Durante la campaña presidencial para la segunda vuelta, los medios siguieron distinguiéndose por el respecto generalizado a principios pluralistas, con las resultas de que ambos candidatos pudieron hacer llegar programas y propuestas a la ciudadanía. El monitoreo de prensa y televisión muestra, como se verá, que han recibido un tratamiento apreciablemente
equilibrado.
Tras largos preparativos, los dos candidatos, Toledo y García, accedieron finalmente a un debate televisivo en vivo el 19 de mayo con intervención de cinco periodistas, uno moderando y cuatro pudiendo formular cada cual una pregunta. Grabaron la televisión y la radio estatales, pero todas las emisoras pudieron retransmitir en tiempo real. Las expectativas habían crecido enormemente durante los días previos. El debate se transmitió en directo por ocho canales televisivos, prácticamente todos los de cobertura nacional salvo uno, y por las dos emisoras de radio de dicho alcance. La prensa a su vez cubrió el evento con multitud de noticias, reportajes, artículos, columnas, comentarios y secciones especiales. Aun habiendo sido organizado bajo reglas extremadamente estrictas en conformidad con los acuerdos alcanzados entre los respectivos partidos, el debate supuso un verdadero hito de experiencia democrática. Ofreció a la ciudadanía clarificación de ideas y propuestas en liza casi a las mismas vísperas de la segunda y definitiva vuelta
presidencial.
Tras el debate directo entre los dos candidatos, se recuperó rápidamente en los medios la campaña electoral más encendida, incluso volviéndose a términos de enconamiento hasta llegarse al límite de los ataques personales y de la llamada guerra sucia. En este contexto, los medios han sido no sólo instrumento para la difusión de mensajes negativos, sino argumento ellos mismos para la agresión entre los contendientes.
Gastos de campaña en los media
La asociación civil Transparencia fue seleccionada por la Unión Europea para la organización y financiamiento del monitoreo de los principales medios para las elecciones parlamentarias y primera vuelta presidencial. Mediante contrato con la agencia Media Check S.A.C., se han sometido a escrutinio nueve canales de televisión, once estaciones de radio y catorce periódicos en el lapso de tiempo que va desde el primer día tras el cumplimiento del plazo para la presentación de planchas presidenciales (8 de enero) hasta el último día permitido para la difusión de propaganda política (6 de abril). Los resultados se hicieron públicos el 19 de este último mes, el de abril. Son tan sólo aproximativos, pero ofrecen una idea del volumen de gastos investidos en los medios por las candidaturas, agrupaciones y
partidos.
El candidato que invirtió más en este género de propaganda durante la primera parte de la campaña ha resultado Alejandro Toledo, con 34,6 % (2.240.179,83 dólares USA) del gasto total chequeado. El otro candidato que pasaría a la segunda vuelta, Alan García, figura sólo en la quinta posición con 9,67 % (624.797,30 dólares USA). En la campaña para la primera vuelta, el 90,7 % de la cantidad total gastada por partidos, agrupaciones y candidaturas se destinó al medio televisivo. Tan sólo el 6,7 % fue a canales de radio y el restante 2,6 % a los periódicos.
v) Campaña electoral
A la llegada de la MOE-UE, con la campaña ya lanzada hacia la primera cita del ocho de abril decisiva para las elecciones parlamentarias y clarificadora para las presidenciales, se habían establecido y estaban respetándose a lo ancho y largo del país las condiciones básicas para unos comicios legítimos. La entera campaña, sin embargo, cayó pronto bajo la influencia de los "vladivideos" con sus revelaciones espectaculares. Toda una película de argumento plagado de sobornos y maquinaciones se le ofrecía a los medios con Vladimiro Montesinos como principal intérprete. Ha sido un instrumento contundente para destruir candidatos, como también para
favorecerlos.
Inicialmente se habían presentado a las elecciones presidenciales once planchas para Presidencia y Vicepresidencias, pero, antes de que se imprimieran las boletas electorales, tres de ellas se retiraron reduciéndose definitivamente el espectro de opciones a ocho. A las listas para el Congreso, con el número final de trece, ya nos hemos igualmente
referido.
En términos generales, la campaña política para las elecciones parlamentarias y, según resultó, primera vuelta presidencial (8 de abril), así como para la votación decisiva para la Presidencia (3 de junio), se ha desarrollado ante la mirada atenta de las observaciones tanto nacionales como internacionales bajo unas condiciones adecuadas. A todo lo largo del periodo electoral, se dieron y mantuvieron los requisitos esenciales de libertad de movimiento, reunión y expresión, libre acceso de los grupos políticos a los medios y amplia cobertura por éstos
mismos.
La campaña se vio además acompañada por una apreciable secuencia de encuestas de opinión, con suficiente publicidad, realizadas por los centros de investigación profesionales y académicos más acreditados del país. Y sobre todo debemos destacar que el gobierno de la transición bajo la presidencia de Valentín Paniagua ha adoptado y mantenido una postura escrupulosa de neutralidad, evitando con cuidado la sensación de que pudiera aprovechar sus medidas más populares para influir el voto en algún sentido
determinado.
Todo esto sin embargo no significa que la contienda electoral se haya mantenido a unos niveles constantes de juego limpio y actitudes templadas. Desde el arranque se puso de manifiesto la concentración de las preferencias públicas entre los tres candidatos principales (Toledo, Flores y García) y la adición si acaso de un cuarto (Olivera), con la consecuencia inmediata de una emulación mutua que se ha desbocado alegremente en casos hacia anuncios y promesas de políticas generales e inversiones locales difícilmente
sostenibles.
Unas primeras semanas de mítines, caravanas y otras manifestaciones electorales, primero más dispersas por el país y luego también concentrándose en el área metropolitana, ya produjeron algunos incidentes. El pacto civil de buenas maneras políticas suscrito por los partidos llegó a ser puesto en cuestión y despreciado incluso como papel mojado. En todo caso, no se dieron realmente situaciones de verdadero peligro para el proceso electoral. Unos partidos y otros se esforzaron visiblemente en sus mítines por disuadir a sus partidarios de cualquier confrontación
violenta.
La campaña se ha caracterizado realmente, en líneas generales, por un curso muy normalizado de acontecimientos, sólo algo quebrado hacia finales de marzo por un giro pronunciado hacia la eclosión de la llamada "guerra sucia" antes más larvada. El clima político se sobrecargó con recriminaciones, descalificaciones y otras expresiones de pésima voluntad entre revelaciones y especulaciones sobre detalles oscuros y dudosos de la vida privada de los candidatos. Imputaciones de fondo racial afloraron entonces al debate electoral tratando de enfrentar la población de la sierra con la costera que hasta ahora habría sido la dominante a los mismos efectos electorales.
A pesar de una entrevista conjunta en la radio no exactamente cara a cara, sino por línea telefónica, de Toledo y Flores pocos días antes de la primera vuelta, todo este periodo electoral estuvo marcado por lo que puede tildarse de un debate interrupto por carencia de confrontaciones públicas directas sobre extremos de programa entre los candidatos. En dichas vísperas de la primera vuelta, las polémicas más encendidas se cifraron en un intercambio indirecto de acusaciones irreflexivas y revelaciones presuntas entre los campos de Toledo y Flores. El candidato del APRA, García, resultó el principal beneficiario. Pudo aparecer como un árbitro pulcro entre contendientes enlodados. He ahí un factor que le ayudó a sobrepasar a Flores hasta el punto de sacarle la ventaja de un 1,5 % que le aseguró el segundo puesto para la segunda
vuelta.
Tras los comicios de abril, las complicaciones del sistema de escrutinio de votos y adjudicación de curules para el Congreso favoreciendo las impugnaciones, así como también las falencias del programa de cómputo informático, produjeron una notable demora en la proclamación definitiva de los resultados oficiales (24 de mayo) y el alargamiento consiguiente de la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial (3 de junio). Tras un paréntesis de calma, la larga espera generó e incrementó escepticismo, inseguridad y trivialización.
La campaña vuelve a acelerarse en el mes de mayo con vistas a la votación decisiva para la Presidencia pasando a dominar la escena tres asuntos mayores. En primer lugar, se acentuó la presión pública sobre los dos candidatos finales hasta lograrse su consentimiento para un debate televisado en vivo sobre cuestiones de programa. El acontecimiento resultó un ejercicio logrado de práctica democrática sobre todo en comparación con los usos más autocráticos de campañas durante la década
precedente.
En segundo lugar, se ensució la actual campaña por una nueva oleada de "guerra sucia", principalmente dirigida ahora contra el candidato del APRA, García, no sólo por actuaciones suyas como Presidente de la República en el segundo lustro de los años ochenta, sino también por revelaciones más problemáticas respecto a su vida
privada.
El asunto que provocó preocupación y debate indiscutiblemente mayores en la opinión pública y entre publicistas está aún por decir. Se trata, en tercer mas no último lugar, del incremento que se detectara de un voto de protesta contra el resultado de la primera vuelta presidencial, por la desaparición de toda alternativa neta de centro-derecha, en la forma de recurso masivo al voto en blanco o viciado con la intención paladina de producir la anulación de las elecciones. Las encuestas llegaron alarmantemente a pronosticar hasta un 32 % de voto nulo, con Lima a la cabeza de un 40 %.
El resultado de la tan esperada segunda vuelta ha sido el de una victoria indiscutible, bien que no holgada, de Perú Posible y Alejandro Toledo, ya Presidente electo, quien, con una mayoría propia sólo relativa en el Congreso y aparte posibles acuerdos nacionales de reformas, habrá de coaligarse con otras fuerzas menores en aras de una estabilidad de gobierno tras la toma de posesión tanto parlamentaria como presidencial a finales de julio.
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